La encuesta, realizada por Sapience -empresa de estudios de mercado- encuestó a más de 1.000 personas de todo el Reino Unido, además de a 9.000 participantes de nueve países de la UE, de los cuales el 91% se mostró de acuerdo con la necesidad de una mayor protección del bienestar.
La encuesta también reveló que al 90 por ciento de los participantes británicos les gustaría comprar productos certificados con normas de bienestar más estrictas, mientras que el 87 por ciento cree que los fondos públicos destinados a la acuicultura sólo deberían utilizarse para apoyar a granjas que garanticen un elevado bienestar de los animales.
Siguiendo los resultados de esta encuesta, dos organizaciones de bienestar animal - Compasión en la Agricultura Mundial y Eurogrupo para los Animales - han pedido una legislación más estricta para la protección del bienestar de los peces de piscifactoría. Según estos grupos, a pesar de estar cubiertos por leyes como la Ley de Bienestar Animal de 2006 y la Ley de Salud y Bienestar Animal (Escocia), la falta de requisitos detallados para el bienestar de los peces hace que la legislación actual sea ineficaz.
El Comité de Bienestar Animal -un órgano consultivo independiente del gobierno del Reino Unido- ya ha ofrecido anteriormente a los gobiernos británicos orientaciones firmes sobre la necesidad de actualizar la legislación en este ámbito para garantizar una protección adecuada del bienestar de los animales acuáticos de piscifactoría. Sin embargo, a pesar de que estas orientaciones se han publicado en múltiples ocasiones, hasta la fecha se ha avanzado poco.
"Los peces, al igual que los animales criados en tierra, son seres sensibles que necesitan leyes que minimicen su sufrimiento. Instamos al gobierno del Reino Unido a que responda a las preocupaciones de la opinión pública e introduzca leyes específicas para los peces y un calendario para su aplicación. Es hora de actuar, sin demora", declaró la Dra. Natasha Boyland, asesora principal de investigación y política de Compassion in World Farming, en un comunicado de prensa.
El gobierno del Reino Unido tiene la obligación de garantizar la protección de los peces
